El parque de viviendas de la Generalitat acumula miles de pisos desocupados Más de cuatro mil viviendas construidas por la Generalitat en los últimos años están vacías a la espera de que sus adjudicatarios –para el alquiler o la compra– puedan ocuparlas. Problemas burocráticos, de gestión y también económicos, en el caso de los solicitantes, pueden retrasar de uno a dos años el acceso a estos pisos financiados con dinero público.
Más allá del problema que genera a las familias que esperan acceder a esas viviendas, el coste para la administración de esta demora constituye un serio agujero en las cuentas públicas. Los cuatro mil pisos gestionados por la Generalitat que hoy están desocupados se traducen en un inmovilizado de 400 millones de euros para el Govern –otorgando a cada vivienda un valor medio de 100.000 euros–. Si todas esas viviendas se destinaran al mercado de alquiler, devengarían unos ingresos –sobre una renta mensual de 500 euros de promedio– de 24 millones de euros al año.
Pero, al parecer, ni tan siquiera estas cuentas han logrado agilizar la adjudicación y entrega de las viviendas públicas. El pasado año el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, reconoció en el Parlament que había 3.847 viviendas que estaban en alguno de los diversos estadios del proceso de adjudicación. Ahora, según los documentos internos a los que ha tenido acceso La Vanguardia, la cifra supera de largo los 4.000 pisos, del total de 87.000 que forma el parque.
Lo cierto es que pese a que la crisis ha agravado los problemas de las familias para disponer una vivienda, el acceso a los pisos promovidos por la Generalitat, ya sea venta o alquiler, no sólo no mejora sino que incluso ha empeorado este año. Una revisión detallada al proceso de adjudicación de las promociones gestionadas por Adigsa evidencia un severo cuello de botella en la entrega de los pisos acabados. Si un constructor en el mercado libre tarda veinte meses entre el momento en que empieza la obra y la fecha en que entrega las llaves, en la empresa pública de la Generalitat transcurren por término medio 32 meses, 18 para construir y 14 para entregarlos a sus inquilinos. Un absurdo cuello de botella.
Además, en muchas promociones, especialmente aquellas que están fuera del área metropolitana, se advierte un grave desajuste entre la situación económica de la población y los proyectos inmobiliarios impulsados con dinero público. Algunos casos se exponen en estas mismas páginas. Mañana La Vanguardia ofrecerá algunos más detectados en el área metropolitana y en el resto de comarcas catalanas.
La preocupación en el seno del Govern por esta manifiesta incapacidad de su gestión del parque público de viviendas para agilizar la adjudicación ha tenido ya una primera consecuencia con el reciente cese del gerente de Adigsa, Carlos Robero Mariño que ha sido reemplazado hace solo dos semanas por Josep Anton Presmanes.
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